Oriente Medio y Norte de África
Israel dijo que había efectuado los bombardeos para impedir que Hamás y otros grupos armados dispararan cohetes contra ciudades y pueblos del sur de Israel. En 2008, estos ataques indiscriminados con cohetes, en su mayoría de fabricación casera, y otras acciones lanzadas por palestinos desde Gaza mataron a siete civiles israelíes, y durante el conflicto de tres semanas de duración iniciado el 27 de diciembre murieron otros tres.
El conflicto estalló repentinamente tras un periodo de 18 meses durante el cual el ejército israelí sometió a la población de Gaza a un bloqueo implacable, que impidió prácticamente en su totalidad la entrada y salida de bienes y personas del territorio y fomentó una creciente catástrofe humanitaria. El bloqueo paralizó casi toda la actividad económica y llevó a un creciente número de palestinos a depender de la ayuda alimentaria internacional. Incluso a los enfermos en estado terminal se les impedía salir para recibir atención médica que los hospitales de Gaza, carentes de medios y medicinas, no podían prestarles.
«¿Qué debemos hacer? Si reconstruimos, pueden volver a destruirlo. Y en gaza no hay cemento, no hay materiales de construcción.» - Palabras de un palestino a una delegación de Amnistía Internacional en Gaza, enero de 2009.Este nuevo episodio sangriento puso una vez más de relieve la situación de inseguridad de la región y el incumplimiento, por parte de las fuerzas militares de ambos bandos, de los requisitos básicos de distinción y proporcionalidad, que son principios fundamentales del derecho internacional humanitario. Puso también de manifiesto que ambos bandos y la comunidad internacional seguían siendo incapaces de resolver el largo y amargo conflicto y llevar la paz, la justicia y la seguridad a la región para que todas las personas residentes en ella puedan vivir con dignidad, derecho humano que es su patrimonio.
Inseguridad
A esta continua lucha entre israelíes y palestinos se sumaban la presencia de tropas estadounidenses en Irak, la preocupación causada por las intenciones nucleares de Irán, las manifiestas diferencias entre islamistas y laicistas y la tensión existente entre algunas tradiciones culturales e incipientes aspiraciones populares. Todo ello contribuyó a crear un clima de inseguridad política en el conjunto de la región. A esta situación se añadió en 2008 una creciente inseguridad económica y social a medida que la crisis financieramundial se intensificaba y el alza del precio de los alimentos hacía sentir sus efectos en quienes vivían ya en la pobreza o al borde de ella, como pusieron de relieve una sucesión de huelgas y otras protestas de trabajadores de los sectores público y privado en países como Egipto y los disturbios que se prolongaron durante meses en la región tunecina rica en fosfatos de Gafsa. En estos países y en muchos otros, gran número de personas vivían en una situación de pobreza extrema, marginadas en zonas rurales pobres o en congestionados barrios de infraviviendas en las ciudades, víctimas en la práctica de graves desigualdades en el acceso a derechos básicos, como el derecho al alojamiento y a una vivienda adecuada, a la atención de salud y a la educación, al trabajo y a la oportunidad de conseguir para sí mismas y para sus familias una vida mejor y más rica en derechos.En Irak, una guerra de la que ya no se informaba tanto continuó arruinando la vida de millones de personas, a pesar de haberse producido una positiva reducción del número de ataques contra civiles. La situación casi constante de conflicto que se vivía en el país impedía a muchas personas ganarse el sustento y garantizar un futuro en condiciones de seguridad a sus familias. Seguía habiendo más de dos millones de personas desplazadas internamente en el país, y otros dos millones refugiadas fuera de él, principalmente en Siria y Jordania. El sectarismo violento de índole religiosa y étnica continuó dividiendo a las comunidades y afectando a la vida cotidiana. Los grupos armados contrarios al gobierno perpetraron atentados suicidas y otros ataques con explosivos, a menudo dirigidos específicamente contra objetivos como con curridos mercados. Mientras tanto, miles de iraquíes continuaron recluidos sin cargos ni juicio bajo custodia de las fuerzas estadounidenses, algunos desde hacía más de cinco años. Millares más fueron detenidos por las fuerzas del gobierno iraquí; muchos fueron torturados; algunos, condenados a muerte por presuntos delitos de terrorismo, a menudo en juicios manifiestamente injustos, y algunos, ejecutados. Al final de 2008, todas las personas bajo custodia estadounidense tenían que haber sido entregadas al gobierno iraquí para que se responsabilizara de su detención en virtud de un acuerdo entre Estados Unidos e Irak que no contenía ninguna salvaguardia para proteger los derechos humanos.
Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte en Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen, pero hubo positivos signos de creciente rechazo a ella en otros países árabes. Esta tendencia quedó patente sobre todo en diciembre, cuando ocho Estados árabes decidieron no votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones, contribuyendo así a que se aprobara por gran mayoría. Las autoridades de Irán, uno de los poquísimos Estados donde continuaba ejecutándose a personas menores de edad en el momento de cometerse el delito, y de Arabia Saudí, donde un sistema de justicia discriminatorio daba lugar a la ejecución de un número desproporcionadamente alto de ciudadanos extranjeros pobres, parecían sintonizar cada vez menos con las opiniones de la comunidad internacional en general.
Violencia contra mujeres y niñas
Las mujeres de la región soportaban una situación de inseguridad aún mayor porque sufrían también discriminación en la legislación y en la práctica, así como violencia, a menudo amanos de sus familiares varones. En sus manifestaciones más graves, tal violencia causó la muerte de mujeres, víctimas de homicidio en nombre del «honor», en la Autoridad Palestina, Irak, Jordania y Siria. Las trabajadoras domésticas migrantes estaban especialmente expuestas a sufrir agresiones sexuales y otros abusos a manos de sus empleadores, pues no solían estar protegidas por la legislación laboral. En Jordania y Líbano se produjeron muertes de trabajadoras domésticas en circunstancias poco claras, que hacían creer que las habían matado, habían muerto al caer desde gran altura cuando intentaban escapar de su lugar de trabajo o, desesperadas, habían recurrido al suicidio. Y lo mismo parecía indicar, en la región de Kurdistán, en el norte de Irak, el gran número de mujeres que murieron quemadas, en muchos casos tras prenderse fuego ellas mismas.« Creo que las condenas de flagelación son una vergüenza y constituyen un menos precio de todas las personas que en Irán creen en la Justicia y la igualdad. Además, estos tipos de condenas son una señal de la violencia que se perpetúa contra las mujeres en nuestra sociedad.» - Sussan Tahmasebi, miembro de la Campaña por la Igualdad iraní, refiriéndose a las penas impuestas a activistas que defienden los derechos de las mujeres.En otros Estados hubo novedades positivas, que reflejaban el creciente reconocimiento por parte de los gobiernos de que las mujeres no podían seguir estando relegadas a una posición secundaria. Las autoridades egipcias prohibieron la práctica de la mutilación genital femenina, los gobiernos de Omán y Qatar hicieron cambios jurídicos que situaron a las mujeres en la misma posición que los hombres con respecto a diversas cuestiones de vivienda y derecho a indemnización y el gobierno tunecino se adhirió a un tratado internacional clave sobre los derechos de las mujeres y creó un teléfono de ayuda para mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar.
Solicitantes de asilo, personas refugiadas y migrantes irregulares
En ninguna parte de la región fue la situación de inseguridad tan evidente como entre las comunidades de refugiados y solicitantes de asilo todavía sin condición ni hogar permanentes, en muchos casos pese a llevar decenios esperando en la pobreza.Millares de refugiados iraquíes llevaban una precaria existencia en Siria, Jordania, Líbano y otros países, sumidos cada vez más en la pobreza y la desesperación, pero amenazados con la expulsión si realizaban trabajos remunerados. En Irak, el gobierno exigió la salida del país demás de 3.000 exiliados iraníes, residentes desde hacía mucho tiempo en Camp Ashraf, pese a que parecía muy poco probable que hubiera algún Estado dispuesto a acogerlos y a que corrían graves riesgos si eran devueltos a Irán. Por otro lado, unos 80 refugiados iraquíes que habían huido de su país en 1991, cuando estalló la primera guerra del Golfo, pasaron un año más confinados en un campo vallado y vigilado establecido por las autoridades saudíes, que continuaron denegándoles el asilo. Asimismo, alrededor de la mitad de los centenares de miles de refugiados palestinos que había en Líbano seguían viviendo hacinados en campos desperdigados por todo el país 60 años después de su llegada o de la llegada de sus antepasados. El gobierno comenzó a tomar medidas para corregir la situación de los más vulnerables –los que carecían de documentación oficial que certificara su existencia y no podían, por tanto, casarse legalmente ni registrar el nacimiento de sus hijos e hijas–, pero siguió habiendo obstáculos jurídicos y de otras clases que privaban a los refugiados palestinos de su derecho a la salud, al trabajo y al alojamiento en condiciones adecuadas.
En varios Estados, las autoridades, violando el derecho internacional, devolvieron a refugiados y a otras personas a países donde corrían riesgo de convertirse en víctimas de tortura o ejecución. Las autoridades yemeníes devolvieron a centenares de solicitantes de asilo y obligaron almenos a ocho personas a regresar a Arabia Saudí pese a que se temía por su seguridad allí. En enero, el gobierno libio anunció su intención de expulsar a todos los «migrantes ilegales»,y posteriormente llevó a cabo expulsiones masivas de ciudadanos de Nigeria, Ghana y otros países. En junio se recibieron informes de que el gobierno había intentado expulsar a más de 200 eritreos diciéndoles que los iban a poner en un vuelo con destino a Italia, cuando su verdadera intención era devolverlos a su país, del que muchos habían huido para eludir el reclutamiento militar.
Las autoridades egipcias también tomaron medidas abusivas. Además de realizar expulsiones masivas –como devolver por procedimientos sumarios almenos a 1.200 solicitantes de asilo a Eritrea–, los guardias de fronteras mataron a tiros almenos a 28 personas que intentaban pasar de Egipto a Israel para buscar refugio allí. Centenares de personas más fueron detenidas y encarceladas tras juicios ante tribunales militares. Las autoridades israelíes no fueron menos inflexibles: enviaron de nuevo a Egipto a decenas de solicitantes de asilo y migrantes que habían conseguido cruzar la frontera, pese al temor a que algunos de ellos fueran devueltos luego a Sudán, Eritrea u otros países donde podían ser torturados o ejecutados.
« Por favor, no nos abandonen en las garras de la tiranía y el poder ciego. Temo por mí, por mis hijos, y especialmente por mi esposo, que está detenido.» - Carta de una mujer de Arabia Saudí a Amnistía Internacional, agosto de 2008.En Marruecos y el Sáhara Occidental, las autoridades detuvieron y expulsaron a decenas de presuntos migrantes irregulares, algunos de los cuales fueron víctimas, según informes, de fuerza excesiva y otros malos tratos o quedaron abandonados a su suerte, sin agua ni alimentos suficientes, en inhóspitos parajes cerca de la frontera sur del país. Las autoridades argelinas intensificaron su control sobre los migrantes, ampliando con nuevas disposiciones jurídicas sus atribuciones para expulsar sumariamente a los extranjeros cuya presencia en el país se considerara ilegal.
Exclusión, discriminación y privación
En muchos países,
determinadas comunidades se veían excluidas del acceso a sus derechos
humanos en pie de igualdad con el resto de la población. Algunas
estaban formadas por extranjeros, refugiados y solicitantes de asilo y
migrantes legales o irregulares, lo que, como ilustran los casos
expuestos anteriormente, agravaba su situación de inseguridad. Otras
veces se trataba de miembros de grupos étnicos o religiosos o de otras
minorías a los que se estigmatizaba a causa de sus creencias o su
identidad.
En Irán, las autoridades continuaron prohibiendo el uso de las lenguas minoritarias en las escuelas y reprimiendo a los activistas que luchaban por un mayor reconocimiento de los derechos de las minorías –árabes ahwazíes, azerbaiyanos iraníes, baluchis, kurdos y turcomanos– y excluyendo arbitrariamente a los presuntos miembros deminorías de los puestos de trabajo en la administración del Estado.
En Siria, la minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población, siguió sufriendo represión. Decenas de miles de kurdos sirios continuaron siendo en la práctica apátridas, condición por la cual se les negaba el acceso igualitario a los derechos sociales y económicos.
En algunos países, las creencias religiosas personales que se apartaban de la religión del Estado no se toleraban, y a quienes las practicaban se les impedía la participación plena en la sociedad o se les imponían castigos físicos. En Argelia, los cristianos evangélicos conversos del islameran sometidos a juicio a pesar de que la Constitución garantizaba la libertad de conciencia; en Egipto, los musulmanes que se convertían al cristianismo y los bahaíes seguían teniendo en la práctica dificultades, según informes, para conseguir documentos de identidad en los que se reconociera oficialmente su fe o almenos no quedara disfrazada, pese a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo Administrativo a este respecto, y en Irán, las autoridades de la República Islámica continuaron sometiendo a hostigamiento y persecución a los bahaíes y a los miembros de otras minorías religiosas, detuvieron a clérigos sunníes y condenaron a un líder religioso sufí a cinco años de prisión y a flagelación por «difundirmentiras».
En los Estados del Golfo Pérsico, los trabajadores migrantes del subcontinente indio y otras partes de Asia constituían uno de los pilares de sus ricas economías petroleras, a las que aportaban mano de obra y técnica para los sectores de la construcción y los servicios. Sin embargo, en muchos casos estos trabajadores con contrato se veían obligados a vivir y trabajar en condiciones totalmente insatisfactorias, excluidos de toda forma de protección estatal contra la explotación y los abusos. Si protestaban por tales condiciones, como hicieron en Kuwait y en Emiratos Árabes Unidos, la respuesta de las autoridades consistía en detenerlos y expulsarlos.
La homosexualidad seguía siendo un tabú en lamayor parte de la región, y los hombres sospechosos de ser gays sufrían hostigamiento en varios países. En Egipto, varios hombres contra los que se presentaron cargos pormantener relaciones sexuales con otros hombres de mutuo acuerdo fueron agredidos bajo custodia, obligados a someterse a exploraciones anales y pruebas de VIH/sida y, en algunos casos, encadenados a sus camas durante el tiempo que pasaron confinados en hospitales antes de ser condenados a prisión por cargos de libertinaje. En Marruecos y el Sáhara Occidental se encarceló a seis hombres por «conducta homosexual» tras acusarlos públicamente de haber asistido a una «boda gay» en 2007.
En septiembre, un desprendimiento de tierramató amás de 100 personas residentes en un asentamiento informal de El Cairo, lo que puso de relieve la precaria existencia de la población pobre, agobiada ya por las privaciones, de ciudades de toda la región. Al parecer, la tragedia se podía haber evitado: una fuga de agua procedente de un monte cercano venía avisando de un posible desastre y, de hecho, ya se habían producido desprendimientos en la zona anteriormente. Sin embargo, las autoridades no hicieron nada hasta que fue demasiado tarde. En toda la región había otras comunidades, de zonas pobres tanto urbanas como rurales, que parecían condenadas a sufrir una espiral de privaciones –falta de vivienda adecuada, de atención de la salud y de acceso a un trabajo remunerado– y reducción de sus derechos, sin tener apenas voz en las decisiones que afectaban a su vida y, desde luego, ninguna voz en absoluto en las relativas a cómo protegerse de un mayor empobrecimiento.
En los Territorios Palestinos Ocupados se dejó sin hogar, en aplicación de una política deliberada, a muchos palestinos que vivían ya en la pobreza. En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes demolieron gran número de viviendas palestinas con la excusa de que se habían construido sin permiso –a la vez que denegaban en general tales permisos a los palestinos–, desalojando a centenares de personas. En el valle del Jordán utilizaron excavadoras para derrumbar viviendas y corrales, privando a las personas afectadas de susmedios de vida, y en otras partes la construcción de la valla/muro dejó a muchos palestinos separados de sus tierras de cultivo, mientras que los numerosos controles de seguridad y bloqueos de carreteras les impedían desplazarse de un lugar a otro para ir a trabajar, a clase, e incluso a recibir atención hospitalaria. En la Franja de Gaza, la ofensiva israelí de tres semanas iniciada el 27 de diciembre destruyó o dañó gravemente cerca de 20.000 viviendas palestinas y ocasionó destrozos en escuelas y lugares de trabajo, además de causar la muerte de centenares de civiles palestinos. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada continuaron expandiéndose y ampliándose los asentamientos israelíes, en contravención del derecho internacional.
Voces desoídas y silenciadas
En toda la región, quienes alzaban su voz en defensa de sus derechos
o de los derechos de otras personas estaban expuestos a sufrir
persecución a manos de poderosísimos cuerpos de policía secreta, a los
que sus señores políticos permitían a veces infringir la ley con
impunidad. En general, los gobiernos no toleraban la disidencia y
parecían temer las críticas y el cuestionamiento de sus políticas, así
como la denuncia pública de la corrupción y otras prácticas indebidas.
A lo largo y ancho de la región, las autoridades del Estado se valían
de la necesidad de «seguridad» frente al «terrorismo» para generar
temor, inseguridad y represión. Se produjeron ataques de grupos armados
en varios países, como Argelia, Irak, Líbano, Siria y Yemen, pero los
gobiernos utilizaron a menudo leyes antiterroristas redactadas
deliberadamente de manera muy general y poco precisa para inmovilizar a
sus oponentes políticos y sofocar las críticas y la disidencia
legítimas. El poder desmesurado de la mujabarat,
los servicios de seguridad e inteligencia, se hacía sentir en toda la
región. Normalmente, esta policía secreta rendía cuentas directamente
al jefe del Estado o del gobierno, y tenía permiso para detener a
sospechosos, interrogarlos y, en muchos casos, someterlos a tortura y
otros malos tratos con impunidad. Amnistía Internacional recibió
considerables informes sobre tortura en varios países, como Arabia
Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Jordania,
Líbano, Siria, Túnez y Yemen. Hubo también informes sobre palestinos
detenidos y torturados por las fuerzas israelíes, así como sobre
palestinos detenidos y torturados con impunidad por las fuerzas de
seguridad rivales de Fatah y Hamás en Cisjordania y Gaza,
respectivamente.
Uno de los principales objetivos de la tortura era obtener confesiones
para iniciar enjuiciamientos ante tribunales muy maleables
políticamente, cuyos jueces temían comprobar cómo se habían obtenido
las pruebas o no tenían ningún deseo de hacerlo. En varios países, los
juicios de opositores al gobierno se celebraban ante tribunales
«especiales» cuyos procedimientos no cumplían las normas
internacionales sobre juicios justos. En Egipto se juzgó a varios
líderes de la Hermandad Musulmana, todos ellos civiles, ante un
tribunal militar y no se permitió la presencia de observadores
internacionales. Otras personas fueron juzgadas ante un tribunal
establecido en el marco del estado de excepción que tanto tiempo
llevaba vigente en Egipto. En Libia, el Tribunal de Seguridad del
Estado impuso penas de hasta 25 años de prisión a 11 hombres detenidos
por planear una protesta pacífica para con memorar el homicidio de una
docena de manifestantes a manos de la policía, aunque, excepto dos de
ellos, todos habían sido puestos en libertad al final del año. En
Siria,almenos 300 personas se enfrentaban a juicios ante el notoriamente injusto Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y otros tribunales que no les garantizaban un juicio con garantías, y 12 destacados activistas partidarios de la democracia fueron condenados a prisión por cargos como «debilitar el sentimiento nacional». Los activistas denunciaron que durante su prisión preventiva los habían golpeado para obligarlos a firmar «confesiones», pero el tribunal no tomó ninguna medida para investigar la denuncia. Tampoco hicieron nada las autoridades sirias en otros casos de juicio injusto en los que un órgano de la ONU determinó que los condenados estaban recluidos arbitrariamente, pues habían sido declarados culpables de actos que no eran más que el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades saudíes detuvieron a centenares de personas por motivos de seguridad, entre ellas algunas que habían expresado pacíficamente críticas al gobierno, y miles de personas más detenidas en años anteriores continuaron recluidas prácticamente en secreto. En octubre, el gobierno anunció que iba a establecer un tribunal especial para juzgar a más de 900 personas acusadas de delitos de terrorismo, pero no ofreció ninguna información sobre ellas, no dio las fechas de sus juicios ni explicó si se les iba a permitir contar con abogados ni si iba a admitir el tribunal la presencia de observadores internacionales.
En Egipto y Túnez, la respuesta de las autoridades a las protestas de los trabajadores por las condiciones económicas consistió en sofocarlas haciendo uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones masivas. Asimismo, las fuerzas de seguridad marroquíes rompieron un bloqueo impuesto en señal de protesta al puerto de Sidi Ifni y emprendieron una campaña represiva contra los sospechosos de haberlo organizado o apoyado.
«Cuando me involucré más en el ámbito de los derechos humanos, descubría que abarcaba muchas más cuestiones que la tortura, aunque todo se deriva de una norma básica, consagrada además en la declaración universal de derechos humanos, que es el respeto por la dignidad humana.» - Ahmed Seif El-Islam Hamad, en una conversación con Amnistía Internacional, diciembre de 2008. Abogado y activista de los derechos humanos, fue torturado y estuvo cinco años encarcelado en los años ochenta por sus creencias políticas.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y quienes propugnaban mayores derechos para las mujeres, las minorías u otros grupos, mayor libertad política o mayor acceso a los derechos sociales y económicos se hicieron notar considerablemente en toda la región. No obstante, en la mayoría de los países los defensores de los derechos humanos continuaron encontrando grandes obstáculos. En Siria y Túnez, las organizaciones independientes de derechos humanos, obligadas por ley a inscribirse en un registro oficial, pero sin poder hacerlo en la práctica por no permitírselo las autoridades del Estado, tenían que desarrollar sus actividades en un limbo jurídico. En Irán, una destacada ONG de derechos humanos de la que era cofundadora Shirin Ebadi, laureada con el Nobel de la Paz, fue cerrada por orden del gobierno cuando, paradójicamente, estaba a punto de celebrar un acto de conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Conclusión
Siguió echándose mucho de menos la existencia de rendición de cuentas por cualquiera de los abusos contra los derechos humanos que se cometían a diario en la región. Sumida en una situación de inseguridad, excluida de los procesos de toma de decisiones, ignorada o reprimida cuando intentaba hacerse oír, la población de los países de Oriente Medio y el norte de África vio perpetuadas sus difíciles condiciones de vida durante todo 2008.
La impunidad siguió siendo piedra angular de la política aplicada en gran parte de la región. En Marruecos y el Sáhara Occidental, por ejemplo, el proceso de determinación de la verdad sobre las desapariciones forzadas cometidas durante el gobierno del rey Hasán II pareció estancarse. En Argelia, las autoridades continuaron bloqueando todas las investigaciones sobre los graves abusos perpetrados durante el conflicto interno de la década de 1990. En Irán, Líbano, Libia y Siria, las autoridades no tomaron medidas efectivas para investigar o remediar graves abusos cometidos en el pasado. Como era de esperar, hubo también varios gobiernos que tampoco mostraron ningún entusiasmo a la hora de investigar abusos o denuncias de abusos más recientes, como el homicidio, según informes, de 17 reclusos y otras personas amanos de las fuerzas de seguridad sirias en la prisión militar de Sednaya.
Sin embargo, frente a problemas tan variados y a menudo aparentemente insuperables, en toda la región había muchas personas –hombres, mujeres, e incluso niños y niñas– que se esforzaban por hacer realidad sus derechos y los de otras personas. Muchas de ellas eran luchadoras indomables, que trabajaban incluso poniendo en grave riesgo su vida y su sustento. En Argelia, frente a la intolerancia y el hostigamiento implacables del gobierno, los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas durante la «guerra sucia» que asoló el país en la década de 1990 continuaron pidiendo verdad y justicia. En Irán, numerosas mujeres –y hombres– promovieron la petición «Un millón de firmas» en demanda del fin de la discriminación legal de las mujeres, a pesar de los reiterados actos de hostigamiento, detenciones y agresiones que sufrían amanos de agentes del Estado que actuaban infringiendo la ley, y otros grupos hicieron campaña en favor del fin de las ejecuciones de personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
En estos países ymuchos otros, los defensores y defensoras de los derechos humanos estaban en la vanguardia de las fuerzas que promovían el cambio, pero hubo también signos que apuntaban a que algunos de quienes tenían el poder político reconocían igualmente la necesidad de cambios, de reformas, de hacer algo más para fomentar el respeto a los derechos humanos. El gobierno de Bahréin, por mencionar un caso, aprovechó la oportunidad que le ofreció el proceso de examen periódico universal de la ONU para poner en marcha un programa de reformas en materia de derechos humanos que prometía convertirse en un poderoso ejemplo para los países vecinos. En Líbano, el ministro de Justicia promovió una ley para abolir la pena de muerte, mientras que el gobierno argelino fue uno de los principales partidarios del llamamiento al establecimiento de una moratoria mundial de las ejecuciones. En 2008 hubo signos de que, con paso lento pero seguro, estaba surgiendo una generación nueva, más consciente de sus derechos y de los horizontes que debían abrirse y con la determinación creciente de hacerlos realidad.
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