Europa y Asia Central
A comienzos de agosto de 2008, por primera vez
en casi un decenio, dos Estados europeos fueron a la guerra. Desde el
cese de los conflictos de principios de la década de 1990, Europa había
alcanzado cierto grado de estabilidad en términos de economía,
seguridad y consolidación del Estado de derecho, pero los
acontecimientos de 2008 pusieron de manifiesto lo frágiles que podían
ser las suposiciones enmateria de seguridad en las que se sustentaba la
Europa posterior a la Guerra Fría. Y también lamanera en que –con
tanta frecuencia– la población civil y sus derechos humanos pagan el
precio de que tales suposiciones resulten falsas.
A causa del conflicto entre Georgia y Rusia por la región en disputa de Osetia del Sur, de cinco días de duración, cientos de civiles perdieron la vida ymiles de personas resultaron heridas; además, sumomento culminante, el conflicto llevó al desplazamiento interno de casi 200.000 personas. Las hostilidades entre ambos Estados y los actos posteriores de pillaje e incendio también causaron graves daños a viviendas de civiles en Osetia del Sur y zonas adyacentes. Se emplearonmuniciones de racimo, que destrozan la vida y los medios de subsistencia de la población civil tanto en elmomento de su uso como después de las hostilidades.
Al final del año, la crisis económica mundial había demostrado también que la supuesta estabilidad de la arquitectura económica de la región estaba igualmente en entredicho. Varios Estados europeos reclamaron la intervención del Fondo Monetario Internacional para que apoyara sus economías, en medio del temor creciente de que la recesión sumiera amás personas en una pobreza mayor, especialmente si esas personas ya estaban expuestas a causa del conflicto, la discriminación o la inseguridad.
Cuando se produjeron situaciones de escasez como consecuencia de acontecimientos exteriores o de una mala gestión interna, los sectores pobres fueron quienes primero padecieron las consecuencias y con mayor intensidad. En Albania, por ejemplo, las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza –más del 18 por ciento de la población– sufrieron un descenso de los niveles de acceso a la educación, agua limpia, servicios de salud y asistencia social, que ya eran de por sí limitados en el país. El invierno, uno de los más crudos que había vivido Asia Central en varios decenios, causó enormes daños en infraestructuras básicas y dejó amplias zonas de la región con graves carencias energéticas y alimentarias, hasta el punto de que la ONU se vio impulsada a lanzar llamamientos de emergencia en favor de los habitantes de Tayikistán y Kirguistán.
Siguió faltando voluntad política para dar a conocer la verdad sobre la entrega de personas detenidas por Estados Unidos a países en los que podían correr peligro de sufrir abusos, a pesar de la existencia de pruebas que dejaban fuera de toda duda la complicidad de ciertos Estados europeos. En febrero se hizomás patente la necesidad de realizar investigaciones completas e independientes sobre las denuncias de participación en vuelos para entregas extraordinarias cuando Reino Unido admitió que Estados Unidos había utilizado el territorio británico de ultramar de Diego García en 2002, almenos en dos ocasiones, para fines de traslado de detenidos como parte de su programa de entrega extraordinaria y detención secreta, a pesar de haber dado garantías de lo contrario en repetidas ocasiones.
Estados como España, Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se prestaron a recibir «garantías diplomáticas» imposibles de cumplir y utilizarlas como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro real de tortura y otros malos tratos. En Turquía las condenas dictadas en aplicación de leyes antiterroristas se basaron con frecuencia en pruebas insustanciales o poco fidedignas. El secreto que rodeaba la aplicación de las medidas antiterroristas en Reino Unido dio lugar a procesos judiciales injustos.
En una resolución histórica adoptada en febrero, que además ilustró la clase de liderazgo que hacía falta para abordar otros motivos de preocupación en materia de derechos humanos en la región, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmó la prohibición absoluta de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La sentencia prohibía a los Estados enviar a personas –aunque fueran presuntos terroristas o se sospechara que representaban un peligro para la seguridad nacional– a países en los que hubiera motivos para pensar que estarían expuestas a sufrir esos abusos.
De igual modo, las víctimas de tortura y otros malos tratos, con frecuencia basados en motivos raciales o de identidad y utilizados para obtener confesiones, sufrieron muy a menudo la misma decepción ante un sistema de justicia que no exigía responsabilidades a las personas encargadas de garantizar la seguridad y el Estado de derecho. Entre otros obstáculos a la rendición de cuentas hubo: falta de acceso inmediato a representación letrada; fiscales que no emprendían investigaciones enérgicamente; miedo de las víctimas a ser objeto de represalia; imposición de penas leves a agentes de policía declarados culpables, y ausencia de sistemas independientes y con los recursos necesarios para dar seguimiento a las denuncias. En países como Bosnia y Herzegovina, España, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán, tales obstáculos no hacían sino perpetuar una cultura de impunidad.
En toda la región, las mujeres tuvieron que hacer frente a la inseguridad personal, ya que los Estados no las protegían frente a la violencia que sufrían en el hogar y por parte de sus familiares más próximos. Estos abusos seguían predominando en toda la región, entre personas de todas las edades y de todos los grupos sociales, y se manifestaban en forma de agresiones verbales y psicológicas, violencia física y sexual de todo tipo, control económico e incluso asesinato. Hubo vacíos de protección, a menudo no se aplicaron íntegramente las leyes vigentes contra esa clase de violencia y los recursos destinados a casas refugio y formación de los funcionarios correspondientes encargados de hacer cumplir la ley siguieron siendo vergonzosamente escasos. El Consejo de Europa decidió en diciembre elaborar uno o más tratados que establecieran normas vinculantes relativas a la prevención, protección y enjuiciamiento de los actos de violencia contra las mujeres y de la violencia de género en el ámbito familiar.
Algunas personas prosperaron a costa de esa inseguridad e hicieron fortuna mediante la trata de seres humanos en Europa y a través de territorio europeo. Aprovechándose de quienes vivían en la pobreza y explotando la corrupción, la falta de educación y la fractura social, estas personas obligaron a mujeres, hombres, niños y niñas a trabajar en el servicio doméstico, en tareas agrícolas, en fábricas, en la construcción, en hostelería o en la prostitución.
Un importante avance en la protección de los derechos de estas personas tuvo lugar en febrero, cuando entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Para el final del año, 20 de los 47 Estados miembros habían ratificado el tratado y 20 más lo habían firmado. Ahora los Estados deben aplicar sus exigencias y protecciones, para que en los próximos años esta «moderna» forma de esclavitud pase a la historia.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que 67.000 personas habían emprendido el arriesgado viaje pormar a Europa en 2008 y varios cientos –imposible saber el número exacto– habían sucumbido por el camino. Sólo a Italia y Malta llegaron alrededor de 38.000 personas, la mayoría a través de Libia. La gran mayoría solicitó asilo, y a más de la mitad de quienes lo hicieron se les concedió protección internacional. Sin embargo, en toda la región, la represión siguió siendo la respuesta característica a los retos que planteaba la afluencia de tantos migrantes irregulares y tan diversos.
La Unión Europea aprobó una directiva relativa a la devolución de migrantes irregulares en lo que supuso una medida absolutamente decepcionante. Estableció un excesivo periodo máximo de hasta 18 meses para la detención de solicitantes de asilo y otros migrantes irregulares. Con esa directiva se corría el peligro de rebajar los criterios aplicados en los Estados miembros de la Unión Europea y de sentar un mal precedente para las demás regiones del mundo.
Muchos países detenían por sistema a las personas migrantes y solicitantes de asilo y las recluían en condiciones inadecuadas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las condiciones imperantes en los centros de detención franceses para inmigrantes, en los que había hacinamiento grave y malas condiciones higiénicas. En Países Bajos era infrecuente el uso de alternativas a la detención, incluso en el caso de personas menores de edad no acompañadas o de víctimas de trata o de tortura. Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la política de Malta de detener sistemáticamente a toda persona migrante o solicitante de asilo estaba relacionada con el aumento del racismo y la intolerancia en la isla.
Otras personas sufrieron discriminación y exclusión debido a su
situación jurídica, o a la ausencia de ésta, como los desplazados por
los conflictos en la ex Yugoslavia y en la Unión Soviética, cuyo acceso
a una serie de derechos estaba sujeto a restricciones les era denegado
en función de cuestiones relacionadas con su registro y residencia. Que
en algunas áreas siguiera aplicándose el sistema de propiska o registro
del lugar de residencia permanente, que se remontaba a la era
soviética, también preparó el terreno para la corrupción y la
explotación, ya que muchas de sus restrictivas disposiciones podían
eludirse mediante el pago de sobornos. El resultado era, naturalmente,
que quienes tenían dinero suficiente para pagar se libraban del
siniestro sistema.
Muchas personas pertenecientes a grupos minoritarios que habían regresado a algunas zonas de la ex Yugoslavia siguieron siendo objeto de discriminación en el acceso a diversos servicios y a la hora de buscar empleo –incluso en instituciones públicas– o de recuperar sus derechos de propiedad o tenencia.
En Turkmenistán siguió aplicándose la política de comprobar los orígenes turcomanos de las personas hasta la tercera generación, así como de restringir el acceso de las minorías étnicas al trabajo y a la enseñanza superior.
En muchos países, el ambiente de racismo e intolerancia contribuyó a mantener a las personas al margen de la sociedad o del gobierno y fomentó la discriminación.
Migrantes, romaníes, judíos ymusulmanes, entre otras personas, fueron blanco de crímenes de odio a manos de particulares o grupos extremistas. Con frecuencia, la falta de voluntad política y la ausencia de reconocimiento de la gravedad de los crímenes por motivos raciales llevaron a la impunidad de los responsables. Tras el auge del sentimiento antirromaní y de los incidentes violentos en varios países europeos, como la República Checa y Hungría, el relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intoleranciamanifestó en noviembre que tales actos revelaban problemas de racismo y discriminación graves y profundamente arraigados contra la comunidad romaní en el corazón de la moderna Europa que debían resolverse con la mayor contundencia y a través del Estado de derecho.
Tal vez el ejemplomás rotundo de discriminación sistemática en la región fuera el de la comunidad romaní, excluida de casi todos los ámbitos de la vida pública en todos los países. Las familias romaníes no podían disfrutar de pleno acceso a la vivienda, la educación, el empleo y los servicios de atención de la salud. Muchas vivían en lugares equivalentes a guetos segregados, apartados físicamente de otros grupos sociales y en los que a menudo el suministro de agua y electricidad, los sistemas de saneamiento, las carreteras pavimentadas y otras infraestructuras básicas eran raros o inexistentes. El desalojo forzoso e ilegal de romaníes en lugares como Italia sumió todavía más en la pobreza a esta comunidad. Algunos miembros de la comunidad permanecieron desplazados en campos instalados en el norte de Kosovo, en los que su salud resultó gravemente perjudicada a causa de la contaminación por plomo.
Otros factores quemermaban la capacidad de asistir a la escuela de los niños y niñas romaníes eran las precarias condiciones de sus viviendas, el aislamiento físico y cultural, la pobreza y la falta de transporte. Además, los estereotipos negativos sobre la comunidad romaní ensombrecían sus perspectivas de futuro y daban pie a otras privaciones de sus derechos.
Las autoridades albanesas siguieron sin acatar la legislación que disponía que los huérfanos que completaban los estudios de enseñanza secundaria o alcanzaban lamayoría de edad tuvieran prioridad de acceso a la vivienda. Alrededor de 300 adultos que habían quedado huérfanos cuando eran menores de edad seguían compartiendo habitación en albergues destartalados e inadecuados, condiciones que agravaban su exclusión social. Al no tener suficientes cualificaciones, a menudo carecían de empleo o aceptaban trabajos ocasionales con un sueldo bajo, y sobrevivían gracias a una ayuda mínima del Estado.
La Unión Europea reconoció quemuchas personas seguían siendo víctimas de discriminación y propuso en julio reformar su legislación contra la discriminación.
En Turquía, la opinión disidente se siguió combatiendo con la persecución judicial y la intimidación. Se obstaculizó la labor de las personas que defendían los derechos humanos mediante procesamientos injustificados; algunos defensores destacados fueron objeto de investigaciones criminales regulares, mientras que otros fueron amenazados por personas o grupos desconocidos debido a su trabajo. Las ONG tuvieron que hacer frente, además, a una excesiva inspección administrativa de su trabajo, y los tribunales cerraron sitios web actuando demanera desproporcionada. Se prohibieron algunas manifestaciones sin que se adujeran razones legítimas y las que se celebraron sin permiso, en particular en el sureste de Turquía, de población kurda –una de las zonas más pobres de la región– se dispersaron haciendo uso excesivo de la fuerza, a menudo sin que antes se intentara hacerlo por medios pacíficos.
En Bielorrusia, el gobierno siguió ejerciendo un control excesivo sobre la sociedad civil al no permitir la libertad de expresión o de asociación. Aumentó el control del Estado sobre los medios de comunicación y continuaron las restricciones impuestas a los medios independientes. Se prohibieron algunos actos públicos, se impusieron multas o breves periodos de detención a manifestantes pacíficos y se acosó a activistas de la sociedad civil y periodistas.
Hubo pocos avances en materia de libertad de expresión y de reunión en Uzbekistán. Aunque las autoridades afirmaban lo contrario, defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes continuaban sufriendo persecución por su trabajo. Almenos 10 defensores de los derechos humanos permanecieron en prisión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes tras ser condenados a penas de cárcel en juicios celebrados sin las debidas garantías. Tenían restricciones de acceso a familiares y representantes letrados, y, según informes, habían sufrido tortura y otros malos tratos. Los informes indicaban asimismo que algunos estaban gravemente enfermos en prisión.
En Rusia se utilizaron las leyes sobre difamación y calumnia así como la legislación contra el extremismo para reprimir la disidencia y acallar a periodistas y activistas de derechos humanos. Periodistas, medios de comunicación y ONG independientes fueron blanco de las autoridades por informar sobre violaciones de derechos humanos en la inestable región del norte del Cáucaso. En medio de un clima de creciente intolerancia de las opiniones independientes, varios defensores de los derechos humanos y simpatizantes de grupos de la oposición se enfrentaron a cargos penales por expresar su opinión discrepante o criticar a las autoridades del gobierno.
Representantes de grupos no tradicionales o de confesiones y grupos religiosos que estaban fuera de las estructuras oficialmente aceptadas siguieron siendo objeto de acoso en Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán.
En octubre, el ministro de Justicia turco, en la primera declaración que hacía de esa índole, se disculpó con la familia de un hombre que había muerto bajo custodia y reconoció que su muerte podía haberse debido a tortura. Fue todo un avance en el camino hacia la rendición de cuentas, y debe ir seguido de otros semejantes.
En toda la región, muchos autores de abusos siguieron eludiendo la acción de la justicia; sin embargo, la detención y entrega del ex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić a las instituciones de justicia internacional fue un avance significativo en la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia. Ahora el reto consiste en reproducirlo en el plano local, donde los intentos parciales o insuficientes de los tribunales nacionales han sido con excesiva frecuencia la causa o la razón de que la impunidad persista en los Estados balcánicos resultantes de la escisión.
Con harta frecuencia, Europa no ejerció el liderazgo político necesario para garantizar la protección de los derechos humanos en la región, y muchos de sus Estados tampoco demostraron voluntad política para atenerse a las obligaciones contraídas.
Los sistemas de rendición de cuentas deben garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Junto con el Consejo de Europa, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad en la lucha contra la discriminación, la pobreza y la inseguridad.
El año terminó con un gran acontecimiento en materia de rendición de cuentas, que vino a demostrar cómo la lucha de las personas para que se las escuche, se las tenga en cuenta y se las incluya puede dar buenos resultados. El 25 de diciembre, el gobierno de Montenegro reconoció oficialmente su responsabilidad en la «expulsión» de refugiados bosniacos (musulmanes de Bosnia) en 1992. Los familiares de estos refugiados habían entablado procesos contra el gobierno, con el fin de obtener indemnizaciones por la desaparición de sus seres queridos, pero el gobierno había recurrido la decisión de los tribunales cada vez que éstos habían resuelto conceder una indemnización a los familiares. El gobierno bloqueó en la práctica el derecho de las víctimas a obtener resarcimiento y reparación. No obstante, en diciembre informó a los abogados que representaban a las familias de que proporcionaría reparaciones a los 193 afectados por desaparición forzada. Estas personas eran: 9 sobrevivientes del campo de concentración del ejército serbobosnio en Foca; 28 familiares de éstos; 156 mujeres, niñas y niños; y los
progenitores, hermanos y hermanas de 83 hombres que habían sido víctimas de homicidio tras su desaparición forzada amanos de la policía montenegrina para ser entregados a las fuerzas del ejército serbobosnio.
En una carta dirigida a Amnistía Internacional, Dragan y Tea Prelevic, representantes letrados de los familiares de 45 víctimas, manifestaban: «Todos los familiares sienten el alivio de haberse librado de la pesada carga que han significado estos 16 largos años de negativas por parte del Estado, y desde luego piensan que al final se ha hecho justicia en alguna medida. Hemos superado un hito histórico, y esperamos que esto beneficie a todas las víctimas de crímenes de guerra cometidos en Montenegro y en toda la región [...]. Somos muy conscientes de que todas esas mujeres, hombres, niñas y niños desgarrados y valientes no habrían podido llegar hasta aquí sin vuestro apoyo».
A causa del conflicto entre Georgia y Rusia por la región en disputa de Osetia del Sur, de cinco días de duración, cientos de civiles perdieron la vida ymiles de personas resultaron heridas; además, sumomento culminante, el conflicto llevó al desplazamiento interno de casi 200.000 personas. Las hostilidades entre ambos Estados y los actos posteriores de pillaje e incendio también causaron graves daños a viviendas de civiles en Osetia del Sur y zonas adyacentes. Se emplearonmuniciones de racimo, que destrozan la vida y los medios de subsistencia de la población civil tanto en elmomento de su uso como después de las hostilidades.
Al final del año, la crisis económica mundial había demostrado también que la supuesta estabilidad de la arquitectura económica de la región estaba igualmente en entredicho. Varios Estados europeos reclamaron la intervención del Fondo Monetario Internacional para que apoyara sus economías, en medio del temor creciente de que la recesión sumiera amás personas en una pobreza mayor, especialmente si esas personas ya estaban expuestas a causa del conflicto, la discriminación o la inseguridad.
Privación
En toda Europa, las personas que ya vivían en la pobreza siguieron sin tener acceso a muchas necesidades básicas en 2008. Pese a la agudización de la crisis económica, ese año Europa albergó a algunos de los países más ricos delmundo. Pero también fue escenario de importantes fracasos en la realización de los derechos de sus habitantes a la educación, a la salud, a una vivienda segura y amedios de vida adecuados. En toda la región, la división entre ricos y pobres siguió siendo inmensa y, a cada uno de los lados de esa fractura, el acceso al ejercicio de los derechos humanos era notablemente distinto. Tan distinto como lo era para los diversos grupos en el seno de un mismo país; en Tayikistán, por ejemplo, la pobreza y el desempleo afectaron de manera desproporcionada a las mujeres y las dejaron más expuestas a sufrir abusos contra sus derechos humanos.Cuando se produjeron situaciones de escasez como consecuencia de acontecimientos exteriores o de una mala gestión interna, los sectores pobres fueron quienes primero padecieron las consecuencias y con mayor intensidad. En Albania, por ejemplo, las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza –más del 18 por ciento de la población– sufrieron un descenso de los niveles de acceso a la educación, agua limpia, servicios de salud y asistencia social, que ya eran de por sí limitados en el país. El invierno, uno de los más crudos que había vivido Asia Central en varios decenios, causó enormes daños en infraestructuras básicas y dejó amplias zonas de la región con graves carencias energéticas y alimentarias, hasta el punto de que la ONU se vio impulsada a lanzar llamamientos de emergencia en favor de los habitantes de Tayikistán y Kirguistán.
Inseguridad
Como en años anteriores, se empleó la consigna de la seguridad para aplicar políticas y prácticas que conseguían lo contrario: menoscabar los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo, rodear de impunidad los abusos y levantar barreras contra quienes intentaban huir de la persecución, la violencia o la pobreza.Siguió faltando voluntad política para dar a conocer la verdad sobre la entrega de personas detenidas por Estados Unidos a países en los que podían correr peligro de sufrir abusos, a pesar de la existencia de pruebas que dejaban fuera de toda duda la complicidad de ciertos Estados europeos. En febrero se hizomás patente la necesidad de realizar investigaciones completas e independientes sobre las denuncias de participación en vuelos para entregas extraordinarias cuando Reino Unido admitió que Estados Unidos había utilizado el territorio británico de ultramar de Diego García en 2002, almenos en dos ocasiones, para fines de traslado de detenidos como parte de su programa de entrega extraordinaria y detención secreta, a pesar de haber dado garantías de lo contrario en repetidas ocasiones.
Estados como España, Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se prestaron a recibir «garantías diplomáticas» imposibles de cumplir y utilizarlas como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro real de tortura y otros malos tratos. En Turquía las condenas dictadas en aplicación de leyes antiterroristas se basaron con frecuencia en pruebas insustanciales o poco fidedignas. El secreto que rodeaba la aplicación de las medidas antiterroristas en Reino Unido dio lugar a procesos judiciales injustos.
En una resolución histórica adoptada en febrero, que además ilustró la clase de liderazgo que hacía falta para abordar otros motivos de preocupación en materia de derechos humanos en la región, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmó la prohibición absoluta de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La sentencia prohibía a los Estados enviar a personas –aunque fueran presuntos terroristas o se sospechara que representaban un peligro para la seguridad nacional– a países en los que hubiera motivos para pensar que estarían expuestas a sufrir esos abusos.
De igual modo, las víctimas de tortura y otros malos tratos, con frecuencia basados en motivos raciales o de identidad y utilizados para obtener confesiones, sufrieron muy a menudo la misma decepción ante un sistema de justicia que no exigía responsabilidades a las personas encargadas de garantizar la seguridad y el Estado de derecho. Entre otros obstáculos a la rendición de cuentas hubo: falta de acceso inmediato a representación letrada; fiscales que no emprendían investigaciones enérgicamente; miedo de las víctimas a ser objeto de represalia; imposición de penas leves a agentes de policía declarados culpables, y ausencia de sistemas independientes y con los recursos necesarios para dar seguimiento a las denuncias. En países como Bosnia y Herzegovina, España, Grecia, Kazajistán, Rusia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán, tales obstáculos no hacían sino perpetuar una cultura de impunidad.
En toda la región, las mujeres tuvieron que hacer frente a la inseguridad personal, ya que los Estados no las protegían frente a la violencia que sufrían en el hogar y por parte de sus familiares más próximos. Estos abusos seguían predominando en toda la región, entre personas de todas las edades y de todos los grupos sociales, y se manifestaban en forma de agresiones verbales y psicológicas, violencia física y sexual de todo tipo, control económico e incluso asesinato. Hubo vacíos de protección, a menudo no se aplicaron íntegramente las leyes vigentes contra esa clase de violencia y los recursos destinados a casas refugio y formación de los funcionarios correspondientes encargados de hacer cumplir la ley siguieron siendo vergonzosamente escasos. El Consejo de Europa decidió en diciembre elaborar uno o más tratados que establecieran normas vinculantes relativas a la prevención, protección y enjuiciamiento de los actos de violencia contra las mujeres y de la violencia de género en el ámbito familiar.
«Aguanté sus palizas durante 14 años porque aquí, en Armenia, eso es lo que se espera de una. En la familia armenia, la mujer lo tiene que soportar todo y se tiene que callar.» - D. M., sobreviviente de violencia de género en el ámbito familiar, Ereván (Armenia), 2008.Otros grupos marginados encontraron también obstáculos para tener acceso a resarcimiento o protección; como siempre, quienes más padecieron la inseguridad fueron la comunidad romaní, las personas migrantes, las mujeres y las personas que vivían en la pobreza, entre otros grupos vulnerables.
Algunas personas prosperaron a costa de esa inseguridad e hicieron fortuna mediante la trata de seres humanos en Europa y a través de territorio europeo. Aprovechándose de quienes vivían en la pobreza y explotando la corrupción, la falta de educación y la fractura social, estas personas obligaron a mujeres, hombres, niños y niñas a trabajar en el servicio doméstico, en tareas agrícolas, en fábricas, en la construcción, en hostelería o en la prostitución.
Un importante avance en la protección de los derechos de estas personas tuvo lugar en febrero, cuando entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Para el final del año, 20 de los 47 Estados miembros habían ratificado el tratado y 20 más lo habían firmado. Ahora los Estados deben aplicar sus exigencias y protecciones, para que en los próximos años esta «moderna» forma de esclavitud pase a la historia.
Personas refugiadas y migrantes
Se detectó la práctica sistemática de violaciones de derechos humanos asociadas a la interceptación, detención y expulsión de ciudadanos extranjeros por parte de los Estados, incluso en el caso de personas que buscaban protección internacional. En algunos países se privó a las personas de la seguridad de acceso a los procedimientos de asilo, y en otros se redujo el nivel de protección ofrecido a los solicitantes de asilo iraquíes y se expulsó a algunos de ellos. Turquía, Ucrania y Rusia, entre otros países, devolvieron solicitantes de asilo a países donde corrían peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó de que 67.000 personas habían emprendido el arriesgado viaje pormar a Europa en 2008 y varios cientos –imposible saber el número exacto– habían sucumbido por el camino. Sólo a Italia y Malta llegaron alrededor de 38.000 personas, la mayoría a través de Libia. La gran mayoría solicitó asilo, y a más de la mitad de quienes lo hicieron se les concedió protección internacional. Sin embargo, en toda la región, la represión siguió siendo la respuesta característica a los retos que planteaba la afluencia de tantos migrantes irregulares y tan diversos.
La Unión Europea aprobó una directiva relativa a la devolución de migrantes irregulares en lo que supuso una medida absolutamente decepcionante. Estableció un excesivo periodo máximo de hasta 18 meses para la detención de solicitantes de asilo y otros migrantes irregulares. Con esa directiva se corría el peligro de rebajar los criterios aplicados en los Estados miembros de la Unión Europea y de sentar un mal precedente para las demás regiones del mundo.
Exclusión y discriminación
Numerosos solicitantes de asilo y migrantes fueron igualmente objeto de discriminación y exclusión de los servicios y el empleo, y experimentaron una situación de pobreza extrema. En algunos países, como Suiza, personas cuya solicitud de asilo había sido rechazada quedaron fuera del sistema de seguridad social, lo que creó marginación e indigencia. En Alemania, las personas migrantes siguieron sufriendo restricciones de acceso a asistencia médica y a recursos judiciales en casos de violación de sus derechos laborales, y el acceso a la educación de los niños y niñas migrantes estaba sujeto a limitaciones.Muchos países detenían por sistema a las personas migrantes y solicitantes de asilo y las recluían en condiciones inadecuadas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las condiciones imperantes en los centros de detención franceses para inmigrantes, en los que había hacinamiento grave y malas condiciones higiénicas. En Países Bajos era infrecuente el uso de alternativas a la detención, incluso en el caso de personas menores de edad no acompañadas o de víctimas de trata o de tortura. Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la política de Malta de detener sistemáticamente a toda persona migrante o solicitante de asilo estaba relacionada con el aumento del racismo y la intolerancia en la isla.
Edificio bombardeado en Gori (Georgia), 29 de septiembre de 2008.
© Amnesty International
Muchas personas pertenecientes a grupos minoritarios que habían regresado a algunas zonas de la ex Yugoslavia siguieron siendo objeto de discriminación en el acceso a diversos servicios y a la hora de buscar empleo –incluso en instituciones públicas– o de recuperar sus derechos de propiedad o tenencia.
En Turkmenistán siguió aplicándose la política de comprobar los orígenes turcomanos de las personas hasta la tercera generación, así como de restringir el acceso de las minorías étnicas al trabajo y a la enseñanza superior.
En muchos países, el ambiente de racismo e intolerancia contribuyó a mantener a las personas al margen de la sociedad o del gobierno y fomentó la discriminación.
Migrantes, romaníes, judíos ymusulmanes, entre otras personas, fueron blanco de crímenes de odio a manos de particulares o grupos extremistas. Con frecuencia, la falta de voluntad política y la ausencia de reconocimiento de la gravedad de los crímenes por motivos raciales llevaron a la impunidad de los responsables. Tras el auge del sentimiento antirromaní y de los incidentes violentos en varios países europeos, como la República Checa y Hungría, el relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intoleranciamanifestó en noviembre que tales actos revelaban problemas de racismo y discriminación graves y profundamente arraigados contra la comunidad romaní en el corazón de la moderna Europa que debían resolverse con la mayor contundencia y a través del Estado de derecho.
Tal vez el ejemplomás rotundo de discriminación sistemática en la región fuera el de la comunidad romaní, excluida de casi todos los ámbitos de la vida pública en todos los países. Las familias romaníes no podían disfrutar de pleno acceso a la vivienda, la educación, el empleo y los servicios de atención de la salud. Muchas vivían en lugares equivalentes a guetos segregados, apartados físicamente de otros grupos sociales y en los que a menudo el suministro de agua y electricidad, los sistemas de saneamiento, las carreteras pavimentadas y otras infraestructuras básicas eran raros o inexistentes. El desalojo forzoso e ilegal de romaníes en lugares como Italia sumió todavía más en la pobreza a esta comunidad. Algunos miembros de la comunidad permanecieron desplazados en campos instalados en el norte de Kosovo, en los que su salud resultó gravemente perjudicada a causa de la contaminación por plomo.
«Sé que hay más niños romaníes que piensan que la escuela especial es muy fácil; algunos son muy inteligentes, pero por algún motivo siguen allí. [...] A mí no me gustaba, porque no aprendía demasiado. En el séptimo curso de la escuela especial aprendía lo mismo que en el tercer curso de la escuela normal.» - Niño romaní de 14 años que pasó seis meses en la escuela especial de Pavlovce nad Uhom a causa de un error «administrativo».En algunos países, las autoridades no integraron plenamente a los niños y niñas romaníes en el sistema educativo y toleraron o promovieron su escolarización en escuelas exclusivas para romaníes o en aulas para alumnos con discapacidadmental en las que se impartía un programa de estudios simplificado. En Bosnia y Herzegovina, según la ONG internacional Save the Children, sólo entre el 20 y el 30 por ciento de los niños y niñas romaníes recibía educació primaria, y sólo entre el 0,5 y el 3 por ciento asistía a escuelas de enseñanza preescolar.
Otros factores quemermaban la capacidad de asistir a la escuela de los niños y niñas romaníes eran las precarias condiciones de sus viviendas, el aislamiento físico y cultural, la pobreza y la falta de transporte. Además, los estereotipos negativos sobre la comunidad romaní ensombrecían sus perspectivas de futuro y daban pie a otras privaciones de sus derechos.
Las autoridades albanesas siguieron sin acatar la legislación que disponía que los huérfanos que completaban los estudios de enseñanza secundaria o alcanzaban lamayoría de edad tuvieran prioridad de acceso a la vivienda. Alrededor de 300 adultos que habían quedado huérfanos cuando eran menores de edad seguían compartiendo habitación en albergues destartalados e inadecuados, condiciones que agravaban su exclusión social. Al no tener suficientes cualificaciones, a menudo carecían de empleo o aceptaban trabajos ocasionales con un sueldo bajo, y sobrevivían gracias a una ayuda mínima del Estado.
La Unión Europea reconoció quemuchas personas seguían siendo víctimas de discriminación y propuso en julio reformar su legislación contra la discriminación.
Voces desoídas y silenciadas
En muchos aspectos, amplias zonas de la región han sido tradicionalmente un modelo de libre discurso y gobierno participativo. Defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y activistas comunitarios han obtenido numerosos éxitos en Europa y Asia Central desde hace decenios. Pero en 2008 en países en los que era realmente escaso el espacio para el disentimiento, la voz de quienes intentaban dar a conocer abusos, formular puntos de vista alternativos o exigir al gobierno u otros que respondieran de sus actos siguió sin ser escuchada. O se reprimió. La libertad de expresión y de asociación continuó en peligro, al igual que los propios defensores y defensoras de los derechos humanos.En Turquía, la opinión disidente se siguió combatiendo con la persecución judicial y la intimidación. Se obstaculizó la labor de las personas que defendían los derechos humanos mediante procesamientos injustificados; algunos defensores destacados fueron objeto de investigaciones criminales regulares, mientras que otros fueron amenazados por personas o grupos desconocidos debido a su trabajo. Las ONG tuvieron que hacer frente, además, a una excesiva inspección administrativa de su trabajo, y los tribunales cerraron sitios web actuando demanera desproporcionada. Se prohibieron algunas manifestaciones sin que se adujeran razones legítimas y las que se celebraron sin permiso, en particular en el sureste de Turquía, de población kurda –una de las zonas más pobres de la región– se dispersaron haciendo uso excesivo de la fuerza, a menudo sin que antes se intentara hacerlo por medios pacíficos.
En Bielorrusia, el gobierno siguió ejerciendo un control excesivo sobre la sociedad civil al no permitir la libertad de expresión o de asociación. Aumentó el control del Estado sobre los medios de comunicación y continuaron las restricciones impuestas a los medios independientes. Se prohibieron algunos actos públicos, se impusieron multas o breves periodos de detención a manifestantes pacíficos y se acosó a activistas de la sociedad civil y periodistas.
Hubo pocos avances en materia de libertad de expresión y de reunión en Uzbekistán. Aunque las autoridades afirmaban lo contrario, defensores de los derechos humanos, activistas y periodistas independientes continuaban sufriendo persecución por su trabajo. Almenos 10 defensores de los derechos humanos permanecieron en prisión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes tras ser condenados a penas de cárcel en juicios celebrados sin las debidas garantías. Tenían restricciones de acceso a familiares y representantes letrados, y, según informes, habían sufrido tortura y otros malos tratos. Los informes indicaban asimismo que algunos estaban gravemente enfermos en prisión.
«Por desgracia, mi excarcelación no es señal de progreso de los derechos humanos en Uuzbekistán. Cinco días después de mi liberación, detuvieron al periodista y activista de derechos humanos Solijon Abdarahmonov. Un mes después, otro colega, Agzam Turgunov, fue detenido también. Los dos fueron condenados a 10 años de prisión en octubre. Estoy seguro de que el número de víctimas del régimen, el número de personas detenidas, es muy superior, diez veces superior.» - Mutabar Tadzhibaeva, excarcelada el 2 de junio, al aceptar el Premio Martin Ennals para Defensores de Derechos Humanos, noviembre de 2008.Las autoridades de Turkmenistán lanzaron una nueva campaña de represión contra periodistas y activistas independientes de la sociedad civil. Periodistas y medios de comunicación independientes de Armenia y Azerbaiyán que informaron sobre actividades de la oposición fueron objeto de hostigamiento.
En Rusia se utilizaron las leyes sobre difamación y calumnia así como la legislación contra el extremismo para reprimir la disidencia y acallar a periodistas y activistas de derechos humanos. Periodistas, medios de comunicación y ONG independientes fueron blanco de las autoridades por informar sobre violaciones de derechos humanos en la inestable región del norte del Cáucaso. En medio de un clima de creciente intolerancia de las opiniones independientes, varios defensores de los derechos humanos y simpatizantes de grupos de la oposición se enfrentaron a cargos penales por expresar su opinión discrepante o criticar a las autoridades del gobierno.
Representantes de grupos no tradicionales o de confesiones y grupos religiosos que estaban fuera de las estructuras oficialmente aceptadas siguieron siendo objeto de acoso en Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán.
«Lo que hizo este desfile del orgullo fue poner al colectivo LGBT de Bulgaria en la agenda pública durante toda la semana, abrió un debate público sobre el [...] Significado de «aceptación». [...] La proclamación de miedo y odio de los nacionalistas, las amenazas de que nos matarían, que habían preparado bombas con clavos para usarlas contra nosotros, etc. [...] Teníamos miedo [...] Temblábamos y rezábamos para que aquello no sucediera. Pero, pese al miedo, la sensación de comunidad, de solidaridad, en los medios de comunicación, en todas partes [...] ¡fue inolvidable!» - Aksinia Gencheva, directora de la organización búlgara de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero BGO Gemini, 30 de junio de 2008.Las autoridades de varios países continuaron fomentando un clima de intolerancia contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, lo que dificultó aún más que se escucharan sus voces y se protegieran sus derechos. Las autoridades obstruyeron actos públicos y no brindaron protección adecuada a los participantes; algunos altos cargos políticos hablaron en términos inequívocamente homófobos. Los actos públicos en apoyo de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero se prohibieron en Bielorrusia, Lituania y Moldavia. En Bosnia y Herzegovina, el primer acto de este tipo concluyó antes de lo previsto debido a las amenazas de muerte recibidas por sus organizadores y a las agresiones sufridas por algunos participantes. El festival había estado rodeado de un ambiente de intimidación tras una campaña homófoba dirigida por algunos políticos y medios de comunicación. En Turquía persistió la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género, al igual que las denuncias sobre violencia ejercida por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas transgénero. También allí, un tribunal ordenó la clausura de una organización que defendía los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, con el argumento de que sus objetivos iban «contra los valores morales y la estructura familiar».
Conclusión
Pese a los preocupantes acontecimientos que ponían trabas a la realización plena de los derechos humanos para todas las personas que vivían en Europa y Asia Central, en 2008 se dieron algunos pasos en la dirección correcta que deben seguirse en los próximos años. Como muestra de una tendencia positiva constante, Uzbekistán abolió la pena demuerte, uniéndose así a sus vecinos y dejando en cambio a Bielorrusia como el único país que llevaba a cabo ejecuciones, no sólo de toda Europa, sino también de toda Asia Central.En octubre, el ministro de Justicia turco, en la primera declaración que hacía de esa índole, se disculpó con la familia de un hombre que había muerto bajo custodia y reconoció que su muerte podía haberse debido a tortura. Fue todo un avance en el camino hacia la rendición de cuentas, y debe ir seguido de otros semejantes.
En toda la región, muchos autores de abusos siguieron eludiendo la acción de la justicia; sin embargo, la detención y entrega del ex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić a las instituciones de justicia internacional fue un avance significativo en la lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoslavia. Ahora el reto consiste en reproducirlo en el plano local, donde los intentos parciales o insuficientes de los tribunales nacionales han sido con excesiva frecuencia la causa o la razón de que la impunidad persista en los Estados balcánicos resultantes de la escisión.
Con harta frecuencia, Europa no ejerció el liderazgo político necesario para garantizar la protección de los derechos humanos en la región, y muchos de sus Estados tampoco demostraron voluntad política para atenerse a las obligaciones contraídas.
Los sistemas de rendición de cuentas deben garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Junto con el Consejo de Europa, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad en la lucha contra la discriminación, la pobreza y la inseguridad.
El año terminó con un gran acontecimiento en materia de rendición de cuentas, que vino a demostrar cómo la lucha de las personas para que se las escuche, se las tenga en cuenta y se las incluya puede dar buenos resultados. El 25 de diciembre, el gobierno de Montenegro reconoció oficialmente su responsabilidad en la «expulsión» de refugiados bosniacos (musulmanes de Bosnia) en 1992. Los familiares de estos refugiados habían entablado procesos contra el gobierno, con el fin de obtener indemnizaciones por la desaparición de sus seres queridos, pero el gobierno había recurrido la decisión de los tribunales cada vez que éstos habían resuelto conceder una indemnización a los familiares. El gobierno bloqueó en la práctica el derecho de las víctimas a obtener resarcimiento y reparación. No obstante, en diciembre informó a los abogados que representaban a las familias de que proporcionaría reparaciones a los 193 afectados por desaparición forzada. Estas personas eran: 9 sobrevivientes del campo de concentración del ejército serbobosnio en Foca; 28 familiares de éstos; 156 mujeres, niñas y niños; y los
progenitores, hermanos y hermanas de 83 hombres que habían sido víctimas de homicidio tras su desaparición forzada amanos de la policía montenegrina para ser entregados a las fuerzas del ejército serbobosnio.
En una carta dirigida a Amnistía Internacional, Dragan y Tea Prelevic, representantes letrados de los familiares de 45 víctimas, manifestaban: «Todos los familiares sienten el alivio de haberse librado de la pesada carga que han significado estos 16 largos años de negativas por parte del Estado, y desde luego piensan que al final se ha hecho justicia en alguna medida. Hemos superado un hito histórico, y esperamos que esto beneficie a todas las víctimas de crímenes de guerra cometidos en Montenegro y en toda la región [...]. Somos muy conscientes de que todas esas mujeres, hombres, niñas y niños desgarrados y valientes no habrían podido llegar hasta aquí sin vuestro apoyo».
Selecciona un país
De amnesty.org
Activistas chinos amenazados tras la visita de Obama
23 noviembre 2009
Es hora de que los líderes mundiales ratifiquen el tratado sobre desapariciones
23 noviembre 2009
Rusia da un paso más hacia la abolición de la pena de muerte
23 noviembre 2009