Asia y Oceanía

El 20 de mayo, en el municipio de Kawhmu, cerca de Yangón, las autoridades de Myanmar prohibieron a los desesperados supervivientes del ciclón «Nargis» salir a la calle para mendigar, a la vez que castigaban a quienes intentaban ayudarlos, impidiendo así que recibieran cualquier tipo de ayuda no oficial. Casi tres semanas antes, el ciclón había devastado gran parte del sur de Myanmar, matando a decenas de miles de personas y desplazando a cientos de miles, que tuvieron que abandonar sus casas y sus medios de vida.

El ciclón debería haber eliminado también cualquier duda que aún pudiera haber sobre el efecto empobrecedor que tiene en la población una política gubernamental represiva. El mundo observó con horror cómo el gobierno de Myanmar, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, se negaba a admitir el alcance del desastre y apenas ofrecía asistencia a los aproximadamente 2,4 millones de supervivientes del ciclón. Durante tres semanas, el gobierno rechazó también la ayuda internacional e impidió el acceso al delta del Ayeyarwady cuando más necesidad había de alimentos, cobijo y asistencia médica para los supervivientes. No sólo eso, sino que, una semana después del ciclón, mientras las víctimas seguían luchando por sobrevivir, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo desvió fondos de vital importancia para paliar el desastre y los dedicó a la celebración de un referéndum demero trámite destinado a aprobar una nueva Constitución plagada de deficiencias. Al bloquear deliberadamente el suministro de una ayuda vital y no ofrecer la asistencia necesaria, el gobierno de Myanmar violó el derecho de cientos demiles de personas a la vida, la alimentación y la salud.

En países de toda la región de Asia y Oceanía, cientos demillones de personas fueron víctimas de políticas gubernamentales que temían o no podían cuestionar.Millonesmás acabaron en la pobreza al aumentar el coste de los alimentos, el combustible y otros productos, en parte debido a la crisis económicamundial. A lamayoría, sus propios gobiernos les negaron el derecho a contribuir a forjar una respuesta adecuada a estas crisis.

Sin embargo, lo ocurrido con el ciclón «Nargis» fue tan sumamente grave que provocó la actuación de países vecinos de Myanmar integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de China, el principal valedor internacional del país. Aunque estos gobiernos habían afirmado que los derechos humanos internacionales entraban en conflicto con los «valores asiáticos», amenazaban la soberanía nacional y negaban la primacía del desarrollo económico, la ASEAN, en vista de la magnitud del desastre, pidió públicamente a las autoridades myanmaras que permitieran el acceso de la ayuda humanitaria, y medió entre el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo y la comunidad internacional.

Aún fue más destacable el hecho de que el gobierno chino respondiese a la magnitud de la catástrofe (y al deseo de proteger su imagen durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín) dejando a un lado su tradicional postura de no injerencia en los asuntos de otros Estados soberanos y utilizando al parecer su considerable influencia para convencer al Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo de que aceptase los ofrecimientos internacionales de ayuda.

Los Juegos Olímpicos de Pekín, y el consiguiente aumento de la preocupación de China por su imagen, hicieron nacer la esperanza de que se produjesen mejoras reales y sostenibles en la situación general de los derechos humanos en el país. De hecho, ésta había sido una de las razones que había dado el Comité Olímpico Internacional para decidir que los Juegos se celebrasen en Pekín. Sin embargo, el periodo previo a su celebración se vio empañado por un aumento de la represión en todo el país, al endurecer las autoridades el control sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, practicantes de diversas religiones, minorías étnicas, profesionales de la abogacía y periodistas. Las autoridades chinas desalojaron por la fuerza a miles de habitantes de Pekín y castigaron a quienes se atrevieron a cuestionar la actuación del gobierno.

Como acontecimiento deportivo, los Juegos Olímpicos recibieron innumerables elogios por su magnificencia. Mostraron la apacidad del gobierno de reunir ingentes recursos y demostraron, tal y como se pretendía, que China ha asumido su posición como una de las principales potencias mundiales. Pero los Juegos también sirvieron para poner de relieve que un país capaz de organizar un espectáculo semejante no puede justificar la negación de muchas de las aspiraciones de su población en el ámbito de los derechos humanos, y especialmente los derechos de decenas de millones de ciudadanos a los que no se ha permitido ser partícipes del espectacular desarrollo económico del país.

Privación

Durante años, las políticas económicas del gobierno chino progresaron a costa de unos 150millones de trabajadores migrantes que en sumayoría habían llegado en oleadas del campo a barrios marginales de ciudades chinas en rápido crecimiento. Pero al terminar el auge de la construcción relacionado con los Juegos Olímpicos y aumentar el impacto de la crisis económica mundial, a medida que 2008 llegaba a su fin, millones de trabajadores migrantes chinos se enfrentaban a un futuro incierto al regresar a sus localidades, sin la esperanza que suponía una economía en constante crecimiento y conscientes de lo distintas que eran sus vidas en comparación con las de las clases medias urbanas chinas cada vez más adineradas. Las tensiones sociales creadas por estas crecientes diferencias y la conciencia de las disparidades entre ricos y pobres, las zonas urbanas y las rurales, desencadenaron miles de protestas por toda China.

En la región de Asia y Oceanía convivían algunas de las zonas más ricas del mundo (situadas en Australia, China, Japón, Corea del Sur) con algunas de las poblaciones más empobrecidas (Afganistán, Bangladesh, Corea del Norte, Laos, Myanmar, Papúa Nueva Guinea). A lo largo de 2008, las diferencias en el bienestar de sus habitantes parecieron estarmás relacionadas con la política gubernamental que con la distribución de los recursos naturales.

India, el otro gigante asiático, intentó alcanzar el progreso económico a la vez quemantenía un sólido compromiso con los derechos civiles y políticos dentro del país. Pero las autoridades indias no consiguieron garantizar los derechos de los sectores urbanos desfavorecidos ni de las comunidades rurales y amarginadas, como los agricultores sin tierras y las comunidades adivasis que se oponían a la explotación de sus tierras y de otros recursos para proyectos industriales. En varios estados, las autoridades hicieron caso omiso de las disposiciones constitucionales que demarcaban zonas como territorios exclusivamente adivasis y las adjudicaron para proyectos mineros y otras industrias. En Orissa, uno de los estados más pobres de India, la competencia por los limitados recursos se entrecruzaba con las luchas políticas sobre los derechos de los adivasis, la libertad de religión y las políticas de desarrollo del gobierno. La consecuencia fue una persistente violencia entre comunidades religiosas que causó la muerte de almenos 25 personas y el desplazamiento de no menos de 15.000 –en sumayoría cristianos que sufrían persecución–, e impidió a miles de personas disfrutar de atención médica, educación y alojamiento adecuados.

Comunidades indígenas de Bangladesh también fueron víctimas de las políticas del gobierno. Mientras las luchas políticas entre veteranos dirigentes políticos y un gobierno provisional respaldado por las fuerzas armadas acaparaban los titulares de la prensa, entre bastidores el gobierno continuaba apoyando firmemente a los colonos bangladeshíes que se apropiaban de tierras habitadas por indígenas jummas en Chittagong Hill Tracts.

En octubre, el Banco Asiático de Desarrollo advirtió de la posibilidad de que dos millones de camboyanos hubieran pasado a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a la subida del precio de los alimentos, el combustible y otros artículos generada por la crisis económica mundial. Esta cifra se sumó a los 4,5millones de camboyanos, en torno a un tercio de la población, que ya vivían en la pobreza. Más de 4.000 familias de Phnom Penh que residían en las orillas del lago Boeung Kak, muchas de ellas en viviendas rudimentarias, se vieron expuestas a convertirse en desplazadas al iniciarse el proceso de relleno del lago. El relleno, que comenzó el 26 de agosto, no se notificó a las personas que vivían en la zona, y quienes se manifestaron en contra fueron objeto de amenazas generalizadas por parte de autoridades locales y empleados de la empresa. Por otra parte, la policía de Phnom Penh aumentó las redadas nocturnas de personas pobres y marginadas, en las que practicaba detenciones arbitrarias demendigos, de personas sin techo y de quienes ejercían el sexo como profesión.

« Detener a un hombre significa amenazar a cientos de miles de personas, asustarlas para que abandonen una vez más la lucha y el activismo [...] Lo considero una injusticia para el pueblo camboyano.» - Oeun Sarim, granjero y defensor de los derechos humanos, hablando de las detenciones sistemáticas de activistas que defienden el derecho a la tierra en Camboya, febrero de 2008.

En Corea del Norte, millones de personas sufrieron el azote del hambre a una escala que no se había visto en 10 años. Mujeres, niños y ancianos fueron los más vulnerables. Miles de personas continuaban cruzando la frontera con China, fundamentalmente por razones económicas y alimentarias. Las personas detenidas y repatriadas por la fuerza fueron víctimas de trabajo forzoso, tortura y otros malos tratos en campos penitenciarios. El gobierno norcoreano no tomó medidas para solucionar la situación, y ni siquiera solicitó la ayuda de Corea del Sur, uno de los principales donantes de arroz y fertilizantes durante los años anteriores, debido a la tensión de sus relaciones.

Inseguridad

En 2008 no hubo ningún conflicto declarado oficialmente entre los países de la región, pero los conflictos entre gobiernos y grupos armados de oposición amenazaron la vida de decenas de miles de personas de toda Asia e impidieron que millones accediesen a la atención a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación. Estos conflictos, almenos en parte, se basaban en el origen étnico, dado que a menudo un grupo se levantaba en armas contra otro para exigir igual o mayor acceso a los recursos.

Al margen de las causas, la población civil, especialmente la ya marginada pormotivos de género, origen étnico, religión, casta o clase social, era especialmente vulnerable en esos conflictos.

« Sólo descansaremos cuando tengamos a nuestros seres queridos ante nosotros sanos y salvos y en libertad [...]. Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos que no conocemos.» – Amina Masood Janjua, esposa de Masood Janjua, desaparecido (Pakistán), julio de 2008.

La población de Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, Myanmar, el sur de Tailandia y el sur de Filipinas se enfrentaba a importantes amenazas de fuerzas armadas –gubernamentales y contrarias al gobierno–, que a menudo atropellaban las leyes más básicas del conflicto armado.

Millones de habitantes del sur y el este de Afganistán, aterrorizados por los talibanes, otros grupos insurgentes y milicias locales aparentemente aliadas con el gobierno, se encontraban en una situación de inseguridad persistente que restringía aún más su ya limitado acceso a la alimentación, la atención a la salud y la educación, especialmente para las mujeres y las niñas. En 2008 se estableció otro récord sangriento de violencia en Afganistán, con la muerte de alrededor de 1.400 civiles como consecuencia directa de los enfrentamientos y la huida de decenas de miles de personas, que abandonaron sus hogares para evitar el conflicto y que en muchos casos acabaron apiñadas en nuevos barrios marginales de ciudades importantes como Kabul y Herat, a las que llegaban atraídas por la relativa seguridad y prosperidad que ofrecían. Si bien los talibanes y otros grupos antigubernamentales fueron responsables de la mayoría de los civiles heridos, los casi 60.000 efectivos de tropas internacionales que se encontraban en Afganistán continuaron lanzando ataques aéreos y realizando incursiones nocturnas que causaban daños a los civiles y a sus bienes, lo que, como era de esperar, desató una enorme ira entre la población.

El gobierno de Afganistán nomantuvo el Estado de derecho ni proporcionó servicios básicos a millones de afganos, ni siquiera en zonas que estaban bajo su control. Los talibanes y otros grupos antigubernamentales extendieron su dominio a más de un tercio del país, prohibiendo de nuevo que las niñas recibiesen educación y atención a la salud e imponiendo su propio y brutal estilo de justicia, que a menudo se basaba en flagelaciones y ejecuciones públicas. Debido a todo ello, a pesar de que se habían producido algunos avances en la asistencia de niños y niñas al colegio y en la atención básica a la salud, la vida de la mayoría de la población afgana era corta y estaba llena de enormes privaciones. La esperanza de vida se cifraba en sólo 42,9 años, el país contaba con uno de los más altos índices de mortalidad materna registrados en el planeta y la renta per cápita media era de sólo 350 dólares estadounidenses al año, una de las más bajas del mundo.

La inseguridad que se vivía en Afganistán traspasó sus fronteras y se abatió sobre grandes zonas de Pakistán; no sólo en las zonas tribales limítrofes con Afganistán, sino cada vez más en otras regiones del país en las que miembros de los talibanes paquistaníes tomaronrehenes, atacaron ymataron a civiles y cometieron actos violentos contra mujeres y niñas. Al finalizar el año, grupos talibanes paquistaníes habían afianzado su control de gran parte de las zonas tribales fronterizas y del valle del Swat, una zona poblada situada fuera de los territorios tribales y nomuy lejos de Islamabad. Los talibanes cerraron decenas de colegios para niñas, clínicas y cualquier negocio que no consideraban lo suficientemente piadoso, como las tiendas de música. La consecuencia lógica era que la esperanza de vida de la población –especialmente de las mujeres y las niñas– de las zonas tribales de Pakistán era inferior a la de quienes vivían en otras zonas del país, la tasa de mortalidad infantil y materna era superior y el índice de escolarización, considerablemente menor.

Civiles desplazados internamente huyen en busca de refugio en el distrito de Kilinochchi, Wanni (Sri Lanka).

En febrero fue elegido en Pakistán un nuevo gobierno civil que hizo numerosas promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. El gobierno del presidente Zardari siguió adelante con algunas de esas promesas, pero su actuación a la hora de abordar la creciente crisis de inseguridad fue tan desafortunada como la del gobierno militar del general Pervez Musharraf: al finalizar el año repetía la desastrosa indecisión del anterior gobierno entre abandonar a una parte importante de la población paquistaní al dominio de brutales grupos insurgentes o seguir una política de tierra quemada, castigando a la población local sin reducir significativamente la capacidad de combate de los grupos contrarios al gobierno.

En toda Asia se repitieron situaciones análogas en las que la población civil se veía atrapada entre fuerzas pro y antigubernamentales que despreciaban su bienestar. En el sur de Tailandia, la violencia que desde hacía un siglo estaba a punto de estallar cada cierto tiempo era un reflejo de la marginación que sufría la población de esa zona, predominantemente malayos de lengua malaya y religión musulmana, y que databa de muy atrás. La zona era una de las más pobres y menos desarrolladas de Tailandia, y hacía mucho tiempo que a la población le molestaban los intentos de asimilación por parte del gobierno central y la mayoría de la población, tailandeses de religión budista. Las fuerzas insurgentes recurrían a tácticas brutales como atacar colegios y decapitar o agredir de otro modo a ciudadanos budistas. Pero la torpe respuesta del gobierno en materia de seguridad, como la tortura y otros malos tratos sufridos por sospechosos musulmanes, dio lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos y alienó a la población local.

Una dinámica un tanto similar alimentó el conflicto en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, en donde el índice de desarrollo económico de la población musulmana, que se sentía marginada con respecto a la clase dirigente y la población predominantemente cristiana del resto del país, era considerablemente inferior. En agosto, el fracaso de las negociaciones de paz entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica llevó a una reanudación de la violencia en la que ambas partes continuaron cometiendo abusos. La cifra de civiles afectados directamente por esta última escalada de las hostilidades aumentó drásticamente, sin que se vislumbrase un final cercano. En agosto de 2008, tras los ataques del Frente Moro de Liberación Islámica contra barrios de mayoría cristiana y a veces de población mixta cristiana y musulmana, más de 610.000 personas huyeron de sus localidades para escapar tanto de los ataques directos del Frente Moro como de los enfrentamientos entre este grupo y las fuerzas de seguridad. Posteriormente regresaron a sus casas en torno a 240.000 de esas personas, al declarar el ejército filipino que sus localidades eran zonas seguras. Muchas de ellas se encontraron con que habían quemado sus viviendas y robado su ganado, y siguieron viviendo con miedo.

« Todavía era joven cuando nos evacuaron por primera vez. Luego, cuando tenía niños pequeños, nos volvieron a evacuar. Ahora tengo tres nietos y no ha cambiado nada.» - Mujer de 63 años, una de las personas internamente desplazadas en la provincia de Cotabato del Norte (Filipinas), agosto de 2008.

En Myanmar, las políticas del gobierno empobrecían a la totalidad de la población, pero el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo actuó con especial ensañamiento en el trato dispensado a las 135 minorías étnicas y religiosas del país, casi un tercio de la población. Las fuerzas armadas de Myanmar continuaron su ofensiva contra civiles karen del estado de Kayin (Karen) y de la división de Bago (Pegu). Desde el comienzo de la actual ofensiva militar, en noviembre de 2005, más de 140.000 civiles de etnia karen fueron víctimas de homicidio, tortura, desplazamiento forzado, violación, trabajo forzoso, incluidos trabajos peligrosos relacionados con tareas militares como el desminado, y otros tipos de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituían crímenes de lesa humanidad.

Otro «conflicto olvidado» de 2008 fue la encarnizada lucha entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación de EelamTamil. La numerosa población tamil de la isla llevaba mucho tiempo quejándose de discriminación económica y política por parte de la mayoría cingalesa en el poder. Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil llevaban casi diez años utilizando diversas tácticas brutales, como ataques con explosivos contra civiles y reclutamiento forzado de niños y niñas como soldados, para crear un Estado independiente de hecho en el norte y el este de la isla. Pero la situación distaba mucho de ser ideal para la población tamil, ya que los Tigres de Liberación no toleraban la oposición. Al acabar 2008, el gobierno de Sri Lanka iba camino de invadir este enclave gracias a una serie de victorias militares. Casi toda la población tamil de la región septentrional conocida como Wanni –más de 250.000 personas– huyó de sus casas buscando seguridad. Muchas de esas personas, cuando no la mayoría, ya habían sufrido varias veces desplazamientos a causa del conflicto, incluso en años anteriores, y algunas habían sobrevivido a los estragos causados por el tsunami de 2004 en el océano Índico.

El gobierno de Sri Lanka impidió que el personal internacional de ayuda humanitaria y la prensa llegaran a la zona de conflicto para prestar asistencia o ser testigo de la difícil situación de las personas atrapadas entre los dos bandos. Por su parte, los Tigres de Liberación, asediados, explotaron a esta población como oportuna fuente de efectivos militares,mano de obra para trabajos forzosos y barrera frente al avance de las tropas srilankesas.

Exclusión

Incluso en los lugares en donde no acabó en conflicto armado, la discriminación étnica continuaba siendo un rasgo común en el panorama social de la región de Asia y Oceanía, desde las sociedades más ricas a las más empobrecidas. En febrero, el gobierno australiano, en una decisión histórica, pidió disculpas a las «generaciones robadas» (personas aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que, en aplicación de las leyes y políticas gubernamentales, habían sido separadas por la fuerza de sus familias cuando eran menores de edad). Pero el gobierno anunció que no crearía un fondo de indemnización ni ninguna otra forma de reparación.

El gobierno de la república más reciente del mundo, Nepal, luchó por cumplir su promesa de mejorar las vidas de los nepalíes, que durante generaciones habían sufrido privaciones toleradas por el gobierno. Los maoístas que controlaban el gobierno nepalí habían basado gran parte de su atractivo en la defensa de los derechos de las mujeres, las castas inferiores y los pobres. Sin embargo, el reto más importante con que se encontró su gobierno lo planteó la numerosa población demadhesis, habitantes de las llanuras del tercio meridional del país, que consideraban que el nuevo gobierno no se ocupaba lo suficiente de los agravios que sufrían desde mucho tiempo atrás.

«Estamos bajo amenaza constante. Queremos apoyo del estado, de la policía. Si denunciamos un incidente de violencia, queremos que la policía actúe, que no nos ignore.» - Mohna Answari, abogada musulmana y defensora de los derechos humanos, Nepalgunj (Nepal), noviembre de 2008.

Las amplias minorías étnicas que vivían en el oeste de China, en zonas de población tibetana y en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, de mayoría musulmana, continuaban sufriendo una discriminación sistemática. En 2008, ambas zonas fueron escenario de los peores disturbios de los últimos años. Las protestas protagonizadas pormonjes tibetanos el 10 de marzo y las posteriores de otros monjes insistieron en el cese de las campañas de educación política impuestas por el gobierno y en la relajación de las restricciones sobre las prácticas religiosas. La violencia se desencadenó cuando a las protestas se unieron tibetanos laicos para expresar agravios sufridos desde hacía mucho tiempo, como el sentirse excluidos de los beneficios del desarrollo económico y el debilitamiento de la identidad étnica y cultural tibetana a causa de las políticas gubernamentales. Aunque algunos manifestantes atacaron a migrantes de etnia han y sus negocios en Lhasa, las protestas fueron mayoritariamente pacíficas en todas las zonas tibetanas. Finalmente, las autoridades chinas informaron de que 21 personas habían muerto amanos de manifestantes violentos y quemás de un millar de personas detenidas en las protestas habían quedado en libertad. Por su parte, organizaciones tibetanas en el extranjero cifraron en más de un centenar el número de tibetanos muertos y calcularon que al acabar el año almenos varios cientos continuaban detenidos. Resultaba difícil determinar las cifras exactas porque las autoridades negaron el acceso amedios de comunicación y observadores independientes.

En Sin-kiang, Wang Lequan, secretario del Partido Comunista en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, anunció el 14 de agosto una lucha «a vida omuerte» contra el «separatismo» uigurmusulmán. Las autoridades alegaron una serie de incidentes violentos por parte de presuntos terroristas para justificar la arrolladora represión, y continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas, como la prohibición de que los empleados del gobierno y los niños y niñas acudiesen a orar a las mezquitas. Las autoridades chinas informaron de quemás de 1.300 personas habían sido detenidas a lo largo del año por cargos de terrorismo, extremismo religioso u otras violaciones de la legislación relativa a la seguridad del Estado, y que 1.154 habían sido acusadas formalmente o se enfrentaban a juicios o sanciones administrativas.

Voces desoídas y silenciadas

A medida que finalizaba el año y el empeoramiento de la economía global se reflejaba en pérdidas de empleo, menor cantidad de alimentos en lamesa y reducción de los ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la educación y la atención a la salud, más personas de la región de Asia y Oceanía exigían responsabilidades a sus gobiernos. En vez de dar respuesta a sus necesidades, los gobiernos intentaron silenciarlas. Esta tónica agravó la inveterada intolerancia con la libertad de expresión, propia de numerosos gobiernos de la región de Asia y Oceanía, cuyo exponente más claro se encontraba en Corea del Norte y Myanmar, que llevan años prohibiendo la libertad de expresión de forma rotunda y efectiva.

Las autoridades chinas relajaron temporalmente las restricciones a la libertad de prensa durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos. Concedieron a los periodistas extranjeros una libertad sin precedentes para informar, y durante un tiempo desbloquearon el acceso a sitios web como los de Amnistía Internacional y la BBC. Sin embargo, al final del año, a medida que aumentaba el descontento de la población, las autoridades chinas volvieron a la anterior postura de silenciar e intimidar a quienes las criticaban. Los firmantes de la Carta 08, que habían pedido reformas jurídicas y políticas fundamentales, fueron objeto de un intenso escrutinio por parte del gobierno, y varios miembros del grupo fueron víctimas de hostigamiento y malos tratos. Almenos uno de los firmantes, Liu Xiaobo, continuaba recluido arbitrariamente al acabar el año. A comienzos de 2009, el sitio web de Amnistía Internacional era uno de los muchos que habían sido prohibidos de nuevo.

Asimismo, Vietnam continuó reprimiendo a las personas partidarias de Bloc 8406, movimiento prodemocrático a través de Internet, y a otros grupos no autorizados que pedían democracia y derechos humanos. Muchas de estas personas fueron acusadas en aplicación del artículo 88 del Código Penal por «llevar a cabo propaganda contra la República Socialista de Vietnam» o en virtud de leyes que tipificaban como delito «el abuso de las libertades democráticas para perjudicar los intereses del Estado […]».

Los ataques a la libertad de expresión no se limitaron a los Estados socialistas. El gobierno de Singapur continuó utilizando indebidamente las leyes sobre difamación para silenciar a quienes lo criticaban. Así, la revista Far Eastern Economic Review fue condenada por difamación del primer ministro Lee Hsieng Loong, y en septiembre se iniciaron acciones legales contra el diario Wall Street Journal Asia por cuestionar la independencia del poder judicial. Unos 19 activistas de la lucha contra la pobreza fueron imputados por celebrar en la calle reuniones públicas no autorizadas.

En Tailandia aumentó considerablemente el número de personas acusadas de delitos de lesa majestad, en aplicación de una ley que prohibía todo acto o palabra que difamase, insultase o amenazase a la familia real. En agosto, el gobierno provisional de Fiyi anunció la creación de un tribunal para regular la actuación de los medios de comunicación de forma más estricta.

En Sri Lanka, el ambiente dinámico en que trabajaban antes los medios de comunicación se vio enormemente afectado al continuar la oleada de ataques contra periodistas y personal de los medios de comunicación. Desde comienzos de 2006, almenos 14 trabajadores de los medios de comunicación fueron víctimas de homicidio en Sri Lanka, y otros sufrieron detención arbitraria, tortura, o, según informes, desaparición forzada mientras se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Más de 20 periodistas abandonaron el país a causa de las amenazas de muerte.

Conclusión

Sometidos a una presión política y económica cada vez mayor, muchos habitantes de la región de Asia y Oceanía recurrieron al marco internacional de los derechos humanos para impulsar sus esfuerzos por conseguir una mayor dignidad para sí mismos y para los demás.

Dejando a un lado su histórica reticencia a hablar el idioma de los derechos humanos, el valioso esfuerzo de la ASEAN tras el ciclón «Nargis» contribuyó a que las víctimas de la devastación pudieran recibir ayuda vital. La Carta de la ASEAN, con efectos a más largo plazo, entró en vigor en noviembre, ratificada por los 10 Estados miembros de la asociación. En ella se afirma el compromiso de estos Estados con los derechos humanos y se proporciona a la ASEAN una oportunidad sin precedentes para crear un sólido órgano de derechos humanos.

En diciembre, los parlamentarios reunidos en la Conferencia Parlamentaria Asia-Pacífico respaldaron de forma unánime la creación de un mecanismo regional de derechos humanos para la zona del Pacífico, que constituiría un importante avance para las Islas del Pacífico y la región de Asia y Oceanía en su conjunto.

Estas dos iniciativas son mérito del activismo de derechos humanos en Asia y Oceanía, que ha luchado en primera línea para conseguir estos cambios. Y a pesar de las torpes respuestas de los gobiernos, que han supuesto un gran peligro para la seguridad personal de los defensores y defensoras de los derechos humanos, éstos han seguido trabajando para salvaguardar los derechos de quienes sufren privaciones y abusos. Cada vez más activistas y críticos del gobierno utilizan Internet como instrumento de expresión de la disidencia y movilización del apoyo. En China, el uso de Internet ha crecido enormemente, permitiendo a los cibernautas compartir información sobre la actuación del gobierno y, en el caso de unos cuantos valientes, pedir reformas. Algo parecido sucede en Vietnam, donde cada vez son más los activistas valientes que recurren a los blogs para pedir cambios y expresar su disconformidad. En Malaisia y Singapur, países donde la represión de la libertad de expresión sigue siendo extrema, los autores de blogs son la principal fuente de información, análisis y crítica independiente. Y pagan por ello un alto precio.

Todos estos esfuerzos se sustentan en la idea de que todas las personas tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos y a vivir dignamente. Aunque es una idea que con frecuencia se pasa por alto, los acontecimientos de 2008 indican sin lugar a dudas que ya ha calado profundamente en muchas comunidades de la región de Asia y Oceanía.